El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) ha establecido una serie de principios para impulsar el crecimiento internacional de sus industrias creativas, con una disposición especialmente relevante para el anime y el manga: el gobierno no intervendrá en el contenido de las obras que reciban apoyo público.
La medida forma parte de la estrategia japonesa para convertir al entretenimiento en uno de sus principales motores económicos. El objetivo es que las ventas internacionales de contenidos producidos en Japón alcancen los 20 billones de yenes anuales para 2033, equivalentes aproximadamente a 130,000 millones de dólares, aunque la cifra en dólares dependerá del tipo de cambio.
La política contempla cinco principios fundamentales para orientar la inversión gubernamental. Entre ellos figuran el respaldo financiero a largo plazo, la distribución internacional de producciones japonesas, el apoyo a nuevos participantes de la industria y el compromiso de respetar las decisiones creativas de quienes desarrollan las obras.
Uno de los puntos centrales está expresado directamente en japonés como «作品の中身に口を出さない», que puede traducirse como «no interferir en el contenido de las obras». Esto significa que las autoridades no pretenden utilizar los programas de financiación como instrumentos para decidir qué historias deben contar los autores, cómo deben representar a sus personajes o qué elementos narrativos deberían modificar.
Una estrategia para fortalecer la industria japonesa
El enfoque forma parte del programa IP360 – Toward 20 Trillion Yen, diseñado para apoyar la producción y expansión de propiedades intelectuales japonesas en distintos mercados. La iniciativa abarca sectores como anime, manga, videojuegos, cine y música, además de promover modelos comerciales que permitan desarrollar una misma franquicia en múltiples formatos.
Para 2026, el gobierno japonés destinó 35,000 millones de yenes a este programa mediante un presupuesto suplementario. Los recursos están orientados a fortalecer la capacidad de producción, facilitar el acceso a nuevos mercados y respaldar proyectos que necesitan financiación para desarrollarse internacionalmente.
La estrategia también reconoce problemas estructurales que afectan a los creadores japoneses, entre ellos las dificultades para financiar proyectos, la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la distribución de los beneficios generados por las propiedades intelectuales.
En paralelo, las autoridades han impulsado medidas relacionadas con la protección de derechos de autor, la lucha contra la piratería y la mejora de las relaciones comerciales entre estudios, productores y profesionales independientes.
El compromiso de no intervenir en los contenidos tiene especial importancia para una industria cuyas obras circulan por mercados con distintas normas culturales, sistemas de clasificación y políticas de distribución. Sin embargo, esta disposición no elimina las leyes japonesas aplicables ni impide que las plataformas internacionales establezcan sus propios requisitos para distribuir contenidos.
Tampoco constituye, por sí misma, una nueva legislación que prohíba la censura o que otorgue inmunidad jurídica a las representaciones ficticias. Su alcance corresponde específicamente a los principios que orientan las políticas de apoyo público a la industria creativa.